En el 2011, la Corte Constitucional ordenó al Estado Colombiano crear una política pública para proteger integralmente los derechos de las personas LGBTIQ.

No fue sino hasta 2018 que, después de una fuerte movilización e incidencia por parte de organizaciones sociales LGBTIQ, fue expedido el Decreto 762 que adoptó la Política Pública Nacional LGBTI.

El decreto decía que en un plazo máximo de 6 meses, el Ministerio del Interior (la entidad responsable), realizaría una serie de acciones concretas para iniciar la implementación de la política pública.

En julio de 2020, dos años después del Decreto, fue necesario que las organizaciones LGBT+ fueran a los juzgados para exigirle al Ministerio que actuara. El juzgado número 8 de Bogotá estuvo de acuerdo y falló a favor.

Fue así como entre julio y noviembre de 2020 hubo tímidos avances por parte del Ministerio del Interior como la reglamentación del Grupo Técnico y el Plan de Acción.

Ni el Grupo Técnico, conformado por 24 entidades del orden nacional, ni el Plan de Acción reflejan el mandato de la Corte Constitucional porque no reconocen ni proyectan las voces de los sectores sociales LGBTIQ. Este es un caso sin precedentes en materia de políticas públicas y es un plan de acción construido sin la participación del sector poblacional que se quiere atender.

Las personas LGBTIQ exigimos al Ministerio del Interior que cumpla con la implementación de la política pública nacional LGBTIQ y que todos los instrumentos técnicos sean construidos con las personas LGBTIQ. ¡Ministerio del Interior cumpla!

Esta campaña fue creada por la Veeduría Ciudadana de la Política Pública Nacional LGBTI

Accede acá al documento de recomendaciones al Plan de Acción de la PPN LGBTI.