En un hecho histórico en México, en el Estado de Querétaro por primera vez una funcionaria pública ha sido llamada a un juicio oral penal acusatorio por el delito de discriminación contra la comunidad LGBTTTIQ+. Este juicio es importante a nivel Nacional porque pondría un límite legal y constitucional hacia las y los servidores públicos que, independientemente de sus creencias e ideología, ocupen su cargo para reproducir discursos de odio y discriminación contra algún sector de la sociedad.

La denuncia penal se deriva de la carpeta de investigación CI/QRO/858/2020, promovida en enero de 2020, luego que en reiteradas ocasiones la diputada local Elsa Méndez Álvarez, presidenta de la Comisión de la Familia de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, en sus redes sociales y varias entrevistas, emitiera discursos de odio y de discriminación contra varias personas de la comunidad LGBTTTIQ+ y mujeres feministas.

Luis Felipe Zamudio Burgos, director del Centro de Orientación e Información de VIH/SIDA (COIVIHS), destacó como antecedente varios procesos en su contra en razón de homofobia, todos ellos debidamente acreditados ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, que emitió una recomendación; ante la Contraloría Interna de la Legislatura del Estado, que emitió una acta administrativa; y ante los juzgados federales el Amparo 536/2019. Ante estas resoluciones, la diputada se dijo atacada por “violencia política”. Hoy, Zamudio Burgos asegura esperar que “la justicia se haga presente dentro de las dependencias gubernamentales y en todas las personas servidoras públicas del estado y los municipios de Querétaro”. 

Citada para una audiencia inicial el pasado lunes 19 de julio, en una de las salas de juicios orales del Poder Judicial del estado, la diputada Elsa Méndez no se presentó argumentando enfermedad, posponiéndose el encuentro para el 11 de agosto de 2021.

El artículo 170 del Código Penal del Estado de Querétaro establece una pena de hasta 4 años y medio de prisión contra el servidor público que cometa conductas discriminatorias por diversos motivos, entre ellos la orientación sexual, e incluso su “destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, hasta por el mismo lapso de la pena de prisión impuesta”.

¡Paremos los discursos de odio ya que anteceden a los crímenes de odio!

#QuerétaroSinOdio

#DiscriminarEsUnDelito

Pedimos a la Fiscalía del Estado de Querétaro, al Juez que lleva la investigación y al Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro apliquen la Ley y el Estado de Derecho para poner un LÍMITE a las personas --sobre todo servidoras públicas--, que NO entiendan que el Derecho a la Libertad de Expresión tiene su límite en el Derecho a la No Discriminación.

Responsable de la publicación:

Centro de Orientación e Información de VIH/SIDA (COIVIHS)