Personas LGBT+ con protección ordenada por tribunales están siendo deportadas a países donde la homosexualidad es ilegal. Exija el debido proceso y seguridad.
Farah tiene 21 años. Su familia la golpeó e intentó matarla por amar a otra mujer. Huyó para salvar su vida, cruzó seis países y pidió protección a los Estados Unidos.
Un juez de inmigración estadounidense revisó su caso y emitió una orden de protección, dictaminando que no podía ser deportada a Marruecos porque enfrentaría daños graves. Esa decisión reconoció una promesa básica de la ley: nadie debe ser devuelto a la persecución.
Tres días antes de una audiencia sobre su liberación, Farah fue esposada y puesta en un avión hacia Camerún, un país que nunca había visitado y donde la homosexualidad también es ilegal. Tras ser detenida allí, finalmente fue devuelta a Marruecos. Ahora se encuentra escondida, temerosa de que los mismos familiares que una vez intentaron matarla la encuentren.
Se informa que decenas de personas han sido deportadas a terceros países a pesar de haber recibido órdenes de protección de jueces de inmigración de EE. UU. Muchos huían de la violencia vinculada a su orientación sexual.
El derecho en juego es claro. Según la legislación estadounidense y las normas internacionales, las autoridades no deben devolver a una persona a un lugar donde se enfrente a daños graves. Esto protege el derecho a la vida, la seguridad y el debido proceso. Cuando un tribunal concede protección, esa orden debe ser respetada.
Expulsar a alguien a un tercer país donde puede ser detenido y enviado de vuelta al peligro socava la igualdad de protección ante la ley y debilita la confianza en el sistema de justicia. Expone a personas reales a la cárcel, la violencia o algo peor.
