Justicia por Alejo Ema Portillo: crimen de odio
Contenido de la campaña
Desde la Comunidad de Trans Travestis No Binarie Maricas Gay y Lesbianas de Oberá Misiones queremos pronunciar públicamente nuestras voces y sentires en relación con el homicidio de Ema Portillo (autopercibide como Alejo), de 20 años, hecho ocurrido en la localidad de Azara, Misiones-Argentina.
Según fuentes periodísticas y la policía científica, el cuerpo de "Ema" fue hallado por su familia en el lote 200, desnudo y con 42 heridas punzo-cortantes, seis de ellas "penetrantes". A unos 700 metros del cuerpo, fue hallada su bicicleta y una mochila oculta en el interior de un tronco, con un cuchillo carnicero.
El caso está a cargo el magistrado Miguel Angel Faría del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles y la fiscal de Instrucción 4, Silvia María Barronis.
Ante los hechos, creemos importante resaltar y subrayar que el homicidio de Alejo Portillo es un caso de crimen de odio. A Alejo lo acuchillaron por homosexual. Por su orientación e identidad de género. Por ser una persona de identidad no heterosexual.
Su asesinato es resultado de la violencia de género que sufre la comunidad LGTBIQ+ en Misiones, invisibilizada en y por los discursos políticos, mediáticos y jurídicos cisheteronormativos.
La muerte de Alejo, como la de Evelyn Rojas (Mujer trans, asesinada a golpes en Posadas) y la de Fabian Kreischer (Pastor gay de Oberá, asesinado por múltiples puñaladas), son crímenes de odio de género que expresan la discriminación, el prejuicio, la marginalidad y el rechazo hacia las identidades y expresiones de la comunidad LGTBIQ+ en Misiones.
Exigimos que el homicidio y la investigación de Alejo sea juzgado según los estándares Nacionales e Internacionales en relación con crímenes de odio y de género; y que el abordaje del caso sea considerado desde una perspectiva de persecución penal comunitaria. A cargo del Juez Miguel Angel Faría, la fiscal de Instrucción 4, Silvia María Barronis, DDHH, INADI, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Reconocido por la Constitución Nacional mediante el ordenamiento del Artículo 75, inciso 22; Código Penal Argentino Artículo 80, inciso 4. Ley 26.791
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