Gobierno de Yucatán: ¡Devuélvele sus hijos a Julissa!

En un acto de lesbofobia, el Gobierno de Yucatán roba bebé recién nacida y un niño a madre lesbiana.

Yucatán ha hecho una retención ilegal de la bebé recién nacida y el hijo de 6 años de Julissa, de 29 años. La madre llegó al Hospital General Agustín O'Horán de Mérida, Yucatán lista para el parto y recibir a su segunda hija, la Bebé G, el 26 de octubre. Una trabajadora social del hospital le hizo un estudio socioeconómico, para saber cuánto tendría que pagar por el servicio de salud y la atención médica.

Julissa es lesbiana y es madre. Tiene expresión de género masculina, se dedica a la albañilería, chapado o desmonte de terrenos ( limpieza previa a la construcción) y limpieza de hogares. Durante la entrevista, antes de pasar a trabajo de parto, la trabajadora social le cuestionó acerca de su apariencia, orientación sexual e intenciones de ejercer la maternidad.

¡En México no es requisito ser heterosexual para ejercer la maternidad!

Julissa es migrante originaria de Quintana Roo, es sobreviviente de violencia de género, razón por la cual dejó su casa y familia en su estado natal y se trasladó a Mérida, Yucatán, donde reside junto a su hijo desde hace varios años. Julissa vive en situación de pobreza, una vida precarizada dadas las condiciones por las que ha tenido que atravesar.

Cuando se acercó al Hospital O’Horán a pedir atención médica para su parto, nunca imaginó que su vida daría un giro de tal magnitud, que no sólo le impediría conocer a su bebita, sino que le haría perder también a su hijo.  Desde el mismo día en que ella parió a Bebé G, fue privada de la convivencia con la recién nacida, debido a que la trabajadora social que realizó la entrevista de Julissa, decidió que no es apta para ejercer la crianza por ser lesbiana y de escasos recursos económicos. Esta mujer le hizo preguntas tan invasivas como si tenía pareja y que para qué quiere hijos una lesbiana. Que, qué les va a enseñar y que, cómo los va a criar.

Es reprobable la violencia institucional ejercida por el Gobierno de Yucatán, a través del Hospital General Agustín O'Horán y de la PRODENNAY (DIF-Yucatán), sobre la familia lesbomaternal de Julissa, su beba recién nacida y su hijo de 6 años. ¿Desde cuándo ser pobre y lesbiana son impedimentos para la maternidad? Se está criminalizando que Julissa es lesbiana y de escasos recursos.

Hay una grave afectación a los derechos de Julissa para ejercer la crianza. El Estado viola también el derecho de la recién nacida a la identidad, por haberle negado el certificado de nacimiento a su madre. Tanto a la bebé, como al niño, se les niega los derechos fundamentales a la familia y la seguridad jurídica, sin olvidar que tanto madre como hija han sido impedidas de la lactancia y establecer el apego seguro, fundamental en el primer mes de vida.

A tan solo unas semanas de lograrse la aprobación del matrimonio igualitario en todo México, este caso demuestra que aún falta mucho por hacer para garantizar los derechos humanos de la población LGBTTTI+, así como para fortalecer la cultura de la no discriminación entre las personas servidoras públicas. 

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Para LIC. MAURICIO VILA DOSAL, GOBERNADOR; L.A. MARÍA TERESA BOEHM CALERO, DIR. GRAL. DIF-YUCATÁN; ABOG. MARÍA DOLORES FRITZ SIERRA, SRIA GRAL DE GOB; MTRA. MARÍA CRISTINA CASTILLO ESPINOSA, SRIA DE LAS MUJERES; Autoridades locales y tomadoras de decisiones.:

Las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Condenamos la discriminación y la arbitrariedad que han ejercido las autoridades contra Julissa y su familia por ser ella una mujer lesbiana y pobre, alegando sin ningún tipo de prueba rigurosa una supuesta violencia de Julissa hacia su hijo. Por lo mismo, rechazamos tajantemente el comunicado del DIF Yucatán en el cual manifiestan haber resguardado a los menores debido a una situación de maltrato, ya que no sólo no hay pruebas de ello, sino que las hay de lo contrario: más de 50 vecinas de Julissa han afirmado que ella es una buena madre y que no existe tal maltrato.

Hacemos de conocimiento público que a la madre se le dijo que de momento no hay atención por parte del registro civil de Yucatán para registrar bajo el argumento de que “no hay citas”, aún sabiendo que el trámite de registro de nacimiento no lo requiere.

Julissa no está sola. Somos miles de madres lesbianas en el país, mujeres feministas y la población general quienes la apoyamos y respaldamos. Igualdad Sustantiva Yucatán, la Red de Madres Lesbianas en México y el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, entre otras, solicitan:

1. La reintegración de la recién nacida y del niño a su legítima madre para que ésta ejerza la guarda y custodia como corresponde.

2. Una disculpa pública para Julissa y su familia, así como la aplicación de medidas de reparación del daño y no repetición por parte del gobierno de Yucatán.

3. La destitución de Teresita de Jesús Anguas Zapata, procuradora de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (PRODENNAY), que tomó la decisión de separar a esta familia lesbomaternal.

4. La destitución del cargo de la trabajadora social que inició esta pesquisa

5. Medidas de sensibilización en materia de perspectiva de género y de Diversidad Sexual a todas las personas trabajadoras del Hospital General Agustín O´Horan y la PRODENNAY (DIF-Yucatán). 

Estamos a la espera de que las autoridades revisen prontamente todas las pruebas que dan fe de que Julissa es una madre responsable, no violenta y en plena disposición, capacidad y derecho de ejercer la crianza de su hija y su hijo. De igual forma, esperamos la pronta restitución de las infancias con su madre, para que esta familia lesbomaternal pueda vivir de manera digna, tranquila, feliz y en pleno goce de sus derechos como cualquier otra.


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